Crisis en la salud: Personería reporta más de 4.500 quejas y una ola de arrestos por desacatos
La salud en el país no atraviesa su mejor momento y las cifras lo confirman. Un reciente informe de la Personería de Bogotá encendió las alarmas tras revelar que, durante lo corrido del 2026, el organismo ha tenido que intervenir en 4.514 casos relacionados con la vulneración al derecho fundamental a la salud de los ciudadanos.
Lo que más preocupa a las autoridades de control no es solo el volumen de las quejas, que abarcan desde la falta de entrega de medicamentos hasta la negación de citas con especialistas y cirugías urgentes, sino la preocupante tendencia de las entidades prestadoras de salud (EPS) a ignorar las órdenes judiciales.
Desacatos: Cuando la justicia se queda en el papel
Según el reporte, la desobediencia a los fallos de tutela ha llegado a un punto crítico. La Personería ha documentado más de 40 órdenes de arresto emitidas por jueces de la República contra representantes legales y directivos de entidades que se han negado sistemáticamente a cumplir con las sentencias judiciales que ordenaban la prestación inmediata de servicios médicos.
Para muchos pacientes, la tutela se ha convertido en el último recurso ante la negligencia administrativa. Sin embargo, cuando ni siquiera la intervención de un juez es suficiente para que una EPS garantice un tratamiento, el sistema entra en una parálisis que pone en riesgo directo la vida de miles de colombianos.
«Es inaceptable que los ciudadanos tengan que recurrir a la vía judicial para recibir servicios básicos y que, aun con una orden en mano, las entidades sigan haciendo caso omiso», señalaron fuentes cercanas a la Personería. El organismo ha hecho un llamado urgente a las autoridades nacionales para que se endurezcan las medidas de vigilancia y control sobre las entidades que persisten en el incumplimiento.
¿Qué sigue para los afectados?
Ante este panorama, la Personería ha reiterado su compromiso de seguir acompañando a las víctimas de estas fallas en el sistema, instando a la ciudadanía a no desistir y a reportar cualquier vulneración. La entidad recordó que, además de las acciones de desacato, se continuarán elevando los hallazgos ante la Superintendencia de Salud para que se inicien las investigaciones administrativas correspondientes.
La pregunta que queda en el aire para los usuarios es si estas medidas serán suficientes para frenar una crisis que, lejos de resolverse, sigue sumando miles de afectados que esperan, muchas veces en vano, una solución a sus problemas de salud.
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