Dilian Francisca Toro arremete contra el IGAC: advierte un “golpe al bolsillo” de los campesinos vallecaucanos
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, encendió las alarmas este martes tras cuestionar duramente la reciente actualización catastral ejecutada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Según la mandataria, la metodología aplicada por la entidad no está haciendo justicia al campo, al poner en el mismo saco a los pequeños productores que luchan por salir adelante y a los grandes latifundistas.
¿El catastro multipropósito se volvió una carga injusta?
Para la gobernadora, el problema central radica en que la actualización no distingue las realidades económicas de quienes trabajan la tierra. “No podemos medir con la misma vara a quien tiene una pequeña parcela para el sustento diario y a quien posee grandes extensiones de tierra”, señaló Toro, enfatizando que esta falta de criterio técnico podría derivar en un aumento desproporcionado del impuesto predial para los campesinos más vulnerables.
La preocupación de la administración departamental es clara: si el IGAC insiste en equiparar las cargas tributarias, se corre el riesgo de asfixiar la productividad agrícola en regiones donde el sector ya enfrenta retos logísticos y de costos de insumos.
El llamado al Gobierno Nacional
Ante este panorama, la líder del Valle hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que revise los criterios de actualización. Toro insistió en que el catastro multipropósito, que debería ser una herramienta técnica para mejorar la equidad, no debe convertirse en un instrumento de presión fiscal que termine expulsando a los pequeños agricultores de sus predios.
«El campo necesita incentivos, no trabas», sentenció la gobernadora, quien anunció que buscará una mesa de concertación directa con las directivas del IGAC para exigir un ajuste en la valoración que proteja a los productores que mueven la economía del departamento.
Por ahora, la expectativa crece entre los gremios agrarios del Valle, quienes ven en la postura de la gobernadora un espaldarazo necesario frente a lo que muchos sectores consideran un incremento arbitrario e injustificado en la base gravable de sus propiedades.
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