Operativo contra la corrupción: capturados guardianes del INPEC por ‘coronar’ ingresos ilegales a las cárceles
En un duro golpe contra la corrupción dentro del sistema penitenciario, las autoridades confirmaron la captura de tres dragoneantes y un auxiliar del INPEC, quienes presuntamente integraban una red criminal dedicada a facilitar el ingreso de elementos prohibidos a los centros de reclusión del país.
Tras meses de labores de inteligencia y seguimiento, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, logró desarticular este esquema que operaba desde adentro, vulnerando la seguridad de las cárceles para lucrarse a cambio de permitir el paso de celulares, estupefacientes y otros elementos ilícitos.
¿Cómo operaba la red al interior de los penales?
Según la investigación, los uniformados aprovechaban sus turnos y el control que ejercían sobre los filtros de acceso para saltarse los protocolos de requisa. Gracias a su posición, los implicados lograban ingresar los objetos prohibidos que eran entregados posteriormente a internos pertenecientes a estructuras criminales.
«No vamos a tolerar que quienes tienen la misión de custodiar a los privados de la libertad se conviertan en cómplices de la delincuencia», señalaron fuentes cercanas a la investigación, resaltando que este operativo es el resultado de un trabajo minucioso de vigilancia para identificar a los ‘malos elementos’ que empañan la labor del instituto.
Las consecuencias para los implicados
Los capturados, quienes ahora deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, ya fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías. De ser hallados culpables, los uniformados se enfrentan a penas severas que incluyen la destitución inmediata de sus cargos, inhabilidad para ejercer funciones públicas y años de cárcel.
Este golpe a la corrupción dentro del INPEC se suma a las recientes exigencias de la ciudadanía por fortalecer la vigilancia en las prisiones, donde el uso de tecnología y la complicidad de algunos funcionarios siguen siendo las mayores brechas de seguridad que enfrenta el sistema carcelario colombiano.
Por ahora, la entidad continúa con las auditorías internas para determinar si existen otros cómplices vinculados a esta estructura delictiva y reforzar los controles en los ingresos para evitar que este tipo de prácticas se sigan repitiendo.
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