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Crisis en los diálogos de paz urbana: Gestores le piden a Petro «descongelar» las conversaciones
La incertidumbre se apodera del proceso de paz en las principales ciudades del país. A través de una carta abierta, representantes de los grupos involucrados en los diálogos de paz urbana hicieron un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que se levante la suspensión que actualmente mantiene en vilo las negociaciones de paz en territorios clave.
¿Qué está pasando con los diálogos de paz urbana?
Desde hace varias semanas, el ambiente en torno a la estrategia de «Paz Total» ha estado marcado por la tensión. El Gobierno Nacional, tras evaluar los avances y los recientes hechos de violencia que han sacudido a ciudades como Medellín y Buenaventura, decidió suspender los acercamientos con diversas estructuras criminales que se habían acogido a la figura de gestores de paz.
Los firmantes de la misiva argumentan que el congelamiento de la mesa no es la solución y, por el contrario, advierten que la falta de interlocución podría disparar los índices de criminalidad en los barrios más vulnerables, donde las estructuras han mantenido, hasta ahora, una tregua armada que ha permitido reducir los homicidios.
La petición central al Gobierno
El mensaje al Jefe de Estado es directo: los voceros y gestores piden garantías para retomar las conversaciones bajo un marco de seguridad jurídica y compromiso mutuo. Según expresan en el documento, es fundamental que el Ejecutivo defina una hoja de ruta clara para pasar de los acercamientos iniciales a una desarticulación efectiva que traiga beneficios reales para las comunidades.
«No podemos permitir que el esfuerzo realizado hasta ahora se pierda», señala un aparte de la carta, en la que los gestores reiteran que su voluntad de paz se mantiene intacta, a pesar de los obstáculos que han surgido en el camino y las críticas de diversos sectores políticos que cuestionan la legitimidad de estos diálogos con bandas delincuenciales.
¿Qué sigue para la «Paz Total»?
Por ahora, la Casa de Nariño no ha emitido una respuesta oficial tras la recepción del documento. Sin embargo, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tienen el reto de equilibrar la mano dura contra el crimen y la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación para evitar que las ciudades regresen a los peores años de confrontación armada.
Los ojos del país están puestos en esta decisión, pues de ella depende que se mantenga el cese al fuego que ha dado un respiro, aunque frágil, a miles de ciudadanos en las zonas más golpeadas por la violencia urbana en Colombia.
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