Crisis en la Cárcel de Ternera: Juez ordena intervención inmediata ante riesgos sanitarios y hacinamiento
La situación al interior de la Cárcel de Ternera en Cartagena ha llegado a un punto de quiebre. Tras una grave denuncia interpuesta por el sindicato de trabajadores del INPEC, un juez de la República ha emitido un fallo contundente que obliga a las autoridades penitenciarias a tomar cartas en el asunto ante las deplorables condiciones que enfrentan tanto los reclusos como el personal de guardia.
Una «bomba de tiempo» sanitaria
Según la denuncia presentada por los representantes sindicales, el centro penitenciario atraviesa una crisis sin precedentes. El hacinamiento crítico ha superado todos los límites permitidos, convirtiendo los espacios de reclusión en zonas donde la dignidad humana se ve vulnerada diariamente. A esto se le suma una infraestructura en franco deterioro, con fallas graves en el sistema de alcantarillado y falta de acceso a condiciones de salubridad básicas.
«No podemos seguir trabajando en estas condiciones», señalaron fuentes del sindicato, quienes han advertido en reiteradas ocasiones que la falta de higiene y la sobrepoblación han desatado focos de enfermedades infecciosas que ponen en riesgo la salud pública de toda la comunidad carcelaria.
¿Qué ordenó el juez?
Ante la evidencia presentada, el juez encargado del caso fue enfático: el Estado debe garantizar los derechos fundamentales de los privados de la libertad. Por ello, la decisión judicial ordena medidas de carácter urgente, que incluyen:
- Un plan de choque para la adecuación inmediata de las celdas y áreas comunes.
- La implementación de protocolos de salubridad exigidos por las autoridades de salud locales.
- Un reporte detallado sobre el plan de contingencia para mitigar el hacinamiento en los próximos 30 días.
El llamado a las autoridades
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han sido notificadas para realizar un seguimiento riguroso al cumplimiento de este fallo. En Cartagena, la ciudadanía y los familiares de los internos esperan que esta intervención no se quede solo en el papel y que, finalmente, se logren condiciones mínimas de bienestar que permitan la resocialización efectiva y el respeto por los derechos humanos.
Por ahora, la dirección del penal no se ha pronunciado sobre cómo financiará o gestionará estas adecuaciones, pero la presión legal es máxima. Seguiremos informando sobre el desarrollo de esta noticia que afecta a uno de los centros penitenciarios más importantes de la Región Caribe.
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