‘Presidente Petro, Chalá es sicario de ‘Calarcá’, el asesino de Mateo Pérez y usted persiste en defender a criminales’, dice gobernador de Antioquia

Tensión política en Antioquia: Petro y Rendón se enfrentan por el estatus del cabecilla alias ‘Chalá’

La relación entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia atraviesa un nuevo capítulo de fricción. En el centro de la discordia se encuentra la figura de alias ‘Chalá’, un hombre señalado por el presidente Gustavo Petro como un simple cabecilla de una banda delincuencial, excluyéndolo de cualquier posibilidad de entrar en los procesos de «Paz Total» que lidera el Ejecutivo.

La postura del Gobierno Nacional

El jefe de Estado fue enfático en su declaración, restándole peso político a quien es identificado como uno de los generadores de violencia en la región. Según Petro, ‘Chalá’ no cuenta con estatus político y, por lo tanto, no sería objeto de negociación ni de los beneficios que el Gobierno busca otorgar a grupos con reconocimiento de actor armado para su desmovilización.

Para la Casa de Nariño, el objetivo es claro: diferenciar entre quienes tienen una agenda ideológica —según la visión del Gobierno— y los grupos que simplemente actúan bajo estructuras de criminalidad común que deben ser enfrentadas exclusivamente por la fuerza pública.

La respuesta del gobernador Andrés Rendón

La reacción desde la Gobernación de Antioquia no se hizo esperar. El gobernador Andrés Rendón rechazó tajantemente la visión del presidente Petro. Para el mandatario departamental, esta clase de posturas genera confusión en la estrategia de seguridad y debilita la lucha contra las estructuras ilegales que tienen azotadas a las subregiones antioqueñas.

Rendón ha insistido en que, más allá de las etiquetas que quiera ponerle el Gobierno Nacional, los ciudadanos necesitan resultados contundentes y seguridad efectiva en el territorio. El gobernador ha reiterado que el Estado no puede enviar mensajes ambivalentes frente a quienes hoy mantienen en vilo a las comunidades locales.

Esta nueva disputa deja en evidencia la brecha que persiste entre la visión centralista de la paz y las prioridades de seguridad que exigen las regiones, donde la ciudadanía reclama soluciones inmediatas ante el avance de los grupos al margen de la ley.

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