Se abre paso demanda hasta por $2.500 millones por muerte de menor

El caso del menor Kevin Acosta, fallecido el pasado 13 de febrero en el municipio de Palestina, al suroriente del Huila, tras caer de su bicicleta y no recibir atención oportuna presuntamente por omisiones de la Nueva EPS, expone una realidad crítica que enfrentan decenas de familias en todo el departamento, desde la capital neivana hasta los corredores cafeteros de Pitalito, Garzón y los sectores rurales de Algeciras. En Neiva, las oficinas de la EPS han sido escenario de múltiples protestas en los últimos seis meses por demoras de hasta 45 días en autorizaciones de exámenes de imagen, medicamentos oncológicos y citas con especialistas, mientras que en Pitalito, los usuarios de la zona rural reportan que deben trasladarse hasta la ciudad de Neiva para recibir atención de urgencias que la EPS se niega a cubrir en centros locales, situación que se agrava en municipios como Garzón, donde el hospital municipal ha tenido que asumir costos de atención que la Nueva EPS ha rechazado injustificadamente, poniendo en riesgo la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas en todo el territorio huilense. El anuncio del abogado Manuel Villanueva, representante legal de la familia Acosta, sobre la interposición de nuevas demandas contra el Gobierno Nacional por la negligencia en este caso, abre una ventana de esperanza para los más de 380 mil usuarios que la Nueva EPS tiene afiliados en el Huila, un 40% de la población total del departamento, que han sufrido en carne propia las fallas en la prestación del servicio. En el municipio de Algeciras, un colectivo de padres de niños con discapacidad ha estado recopilando pruebas de negación de terapias y suministros médicos durante los últimos ocho meses para sumarse a acciones legales similares, mientras que en Neiva, la Personería Distrital ha registrado 217 quejas contra la EPS solo en el primer trimestre de 2024, la mayoría relacionadas con demoras en cirugías pediátricas y entrega de medicamentos de alto costo. La Gobernación del Huila, por su parte, ha citado en dos ocasiones al director regional de la EPS para que rinda cuentas por los cortes de atención en los hospitales de Garzón y Pitalito, pero las medidas administrativas no han logrado revertir la crisis, por lo que acciones legales contra el nivel nacional podrían ser la única vía para que el Estado cumpla con su deber de garantizar el derecho a la salud en el territorio huilense. Desde la redacción de Radio Hits Neiva, donde hemos dado seguimiento a más de 50 casos de presunta negligencia de la Nueva EPS en el departamento durante los últimos doce meses, enfatizamos que el caso de Kevin Acosta no es una tragedia aislada, sino el resultado de un sistema de salud que ha fallado sistemáticamente a las comunidades más vulnerables del Huila, especialmente en municipios como Palestina, donde la única IPS habilitada para atención de urgencias tiene convenio exclusivo con la EPS y ha reportado falta de insumos y personal médico durante los últimos tres años. La comunidad de Palestina ha convocado para este sábado 24 de febrero una marcha pacífica que recorrerá las principales calles del municipio para exigir justicia para el menor y el mejoramiento de la prestación de servicios de salud, una movilización que ha recibido el apoyo de gremios agrarios de Pitalito y Garzón, quienes denuncian que las demoras en atención de enfermedades laborales han afectado la productividad del sector cafetero y agrícola del departamento. El llamado de la familia Acosta y su abogado para que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad resuena en cada rincón del Huila, donde miles de familias esperan que esta vez las acciones legales no queden en el olvido y se traduzcan en cambios reales para garantizar que ningún otro niño, joven o adulto pierda la vida por omisiones de las entidades encargadas de proteger el derecho a la salud.