«Nos quieren silenciar»: Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón denuncian persecución política tras cuestionar la Paz Total
En un movimiento que ha sacudido el tablero político regional, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, alzaron su voz este martes para denunciar lo que califican como una «persecución institucional» sistemática. Los mandatarios aseguran que sus recientes solicitudes para revisar y ajustar el proceso de Paz Total del Gobierno Nacional les han traído consecuencias adversas en los entes de control.
¿Revisión técnica o sabotaje político?
La tensión entre el Gobierno Nacional y los líderes antioqueños ha llegado a un punto crítico. Tanto Gutiérrez como Rendón han sido críticos constantes de la gestión de seguridad en el país y de los alcances de la política de Paz Total, argumentando que el proceso ha generado un clima de impunidad en los territorios. Según los mandatarios, desde que empezaron a exigir un cambio de rumbo en las negociaciones, han sentido una presión inusual por parte de diferentes organismos estatales.
«No vamos a retroceder por presiones ni por el uso de las instituciones para intentar callar a quienes pensamos distinto», afirmó el alcalde Gutiérrez durante una declaración conjunta. Por su parte, el gobernador Rendón fue enfático en señalar que la seguridad de los antioqueños está por encima de cualquier retaliación política y que el cuestionamiento al proceso de paz es un deber democrático, no un capricho personal.
La «impunidad» como bandera de la discordia
El punto central de la discordia radica en la interpretación de los diálogos con grupos armados ilegales. Mientras el Ejecutivo nacional defiende los espacios de diálogo como la vía para reducir la violencia, Gutiérrez y Rendón sostienen que estas negociaciones han dejado a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad. «La impunidad no puede ser el precio de una paz que no se siente en las calles», sentenciaron ambos dirigentes.
La denuncia de los mandatarios locales ya genera reacciones en el Congreso y en diversos sectores de la opinión pública nacional. Mientras algunos analistas ven en este reclamo una estrategia de posicionamiento político frente a las elecciones venideras, otros sectores respaldan la postura de los gobernantes, insistiendo en que el fortalecimiento de la justicia y la autoridad debe ser la prioridad para recuperar la gobernabilidad en las regiones más golpeadas por la criminalidad.
Por ahora, ni la Casa de Nariño ni los organismos de control mencionados en la denuncia han emitido una respuesta oficial que aclare si efectivamente existe un proceso de revisión o seguimiento especial contra los líderes paisas, dejando el ambiente político en Antioquia en un estado de alta tensión.
Deja una respuesta