De nuevo el Naya: Disidencias usan útiles escolares para instrumentalizar a menores en zonas rurales
Una vez más, la sombra de la ilegalidad se cierne sobre la niñez en el occidente del país. Grupos de disidencias de las Farc han vuelto a poner en marcha una polémica estrategia de propaganda política en la zona del Naya, esta vez entregando kits escolares a menores de edad como parte de una táctica de acercamiento con las comunidades rurales.
Una estrategia de cooptación que preocupa a las autoridades
Esta práctica, que ha sido calificada por defensores de derechos humanos como un intento descarado de instrumentalización de menores, se registró nuevamente en las veredas de difícil acceso de esta región del país. Los integrantes del grupo armado fueron vistos entregando cuadernos, lápices y otros elementos escolares marcados con sus insignias, buscando incidir en la percepción de los niños y jóvenes del sector.
Para los expertos en seguridad, este no es un acto aislado de “labor social”. Por el contrario, se trata de una peligrosa maniobra de control territorial. Al entregar estos beneficios directamente a los menores, los grupos ilegales pretenden ganar legitimidad entre la población civil, normalizando su presencia y facilitando, en el futuro, el reclutamiento forzado o el uso de los jóvenes para sus actividades delictivas.
La comunidad exige presencia integral del Estado
El corregimiento del Naya ha sido históricamente uno de los puntos más críticos debido a la presencia de múltiples actores armados que se disputan el control de las rutas del narcotráfico. La comunidad, que se siente en medio del fuego cruzado, ha manifestado su preocupación por esta situación que pone en riesgo la neutralidad de las instituciones educativas y la protección de los derechos de la infancia.
Ante estos hechos, el llamado de las organizaciones sociales ha sido contundente: no basta con la presencia militar. Se requiere una intervención social inmediata que garantice la oferta educativa, alimentación y, sobre todo, entornos protectores donde los menores no tengan que depender de los insumos entregados por quienes operan al margen de la ley.
Hasta el momento, las autoridades regionales no se han pronunciado sobre nuevas medidas de seguridad en el área, pero el caso ha encendido las alarmas sobre cómo las disidencias están utilizando elementos básicos para ganarse la confianza de una población que, a gritos, pide paz y garantías reales para sus hijos.
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