El “negocio redondo” en Cartagena: el hombre que se apropió de una isla paradisíaca y la convirtió en hotel de lujo
Lo que para muchos turistas es un rincón de ensueño en el Caribe colombiano, para las autoridades es un caso de libro de ocupación ilegal de tierras. Se trata de la denominada “Isla Fiesta”, un predio de 600 metros cuadrados que, pese a ser terreno baldío de la Nación, ha funcionado como un exclusivo hotel de lujo bajo el control de un particular desde el año 2002.
Un paraíso privado en terrenos públicos
Durante más de dos décadas, este punto estratégico en aguas colombianas ha servido para que un solo individuo explote comercialmente un activo que, por ley, pertenece a todos los colombianos. Según las investigaciones preliminares, el ocupante ha logrado consolidar una operación de turismo de alto nivel, aprovechando la infraestructura levantada en un terreno que nunca pasó por un proceso de compraventa legal ni adjudicación estatal.
La situación ha encendido las alarmas de las autoridades locales y nacionales, quienes han catalogado este caso como un ejemplo claro de la ocupación indebida de bienes de uso público. Mientras el Estado lucha por recuperar el control de sus territorios, el negocio ha seguido operando sin cortapisas, ofreciendo servicios de lujo en una ubicación privilegiada que, técnicamente, no tiene dueño particular.
¿Qué pasará con la “Isla Fiesta”?
El caso no es menor. La ocupación de este islote de 600 metros cuadrados no solo representa una pérdida de recursos para el erario público por la falta de cánones de arrendamiento o impuestos adecuados, sino que abre el debate sobre la seguridad jurídica en las zonas costeras e insulares del país.
Fuentes cercanas al proceso indican que se están adelantando las diligencias necesarias para determinar cómo, tras más de 20 años, el ocupante logró pasar desapercibido mientras lucraba con el patrimonio nacional. Por ahora, las autoridades ambientales y de tierras mantienen la lupa puesta sobre este paraíso que, aunque se vende como un destino privado, está en la mira de un posible proceso de desalojo y restitución.
Desde Cartagena, la noticia ha generado indignación entre los gremios turísticos que cumplen con toda la normativa legal, mientras que los ciudadanos exigen que se aplique todo el peso de la ley contra quienes, valiéndose de la informalidad, se han apoderado de los tesoros naturales del país.
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