Una década después, el acuerdo de paz vuelve a estar en el debate de la campaña: ¿qué tanto influirá a la hora de ir a las urnas?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha resurgido con fuerza en el debate político nacional, no solo como un mecanismo de justicia transicional sino también como un campo de batalla ideológico. Los analistas coinciden en que su continua relevancia se debe a la polarización que aún genera en la sociedad colombiana la forma en que se está abordando el postconflicto. Por un lado, sectores de la derecha política cuestionan la legitimidad y efectividad de la JEP, argumentando que ofrece impunidad a los responsables de crímenes atroces. Por otro lado, defensores de los derechos humanos y víctimas del conflicto armado resaltan su importancia para esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. La instrumentalización política de la JEP, tanto a favor como en contra, demuestra la profunda división que persiste en torno a la reconciliación nacional y la memoria histórica. Se observa una creciente manipulación de narrativas para exacerbar emociones y consolidar posiciones políticas, ignorando a menudo la complejidad inherente al proceso de justicia transicional. En Neiva, como en muchas otras regiones afectadas por el conflicto, esta discusión se vive con especial intensidad. El cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en el marco del Acuerdo de Paz se ha convertido en otro punto álgido de la contienda política. Los retrasos en la implementación de las reformas agrarias, la sustitución de cultivos ilícitos y la inversión social en las zonas más afectadas por el conflicto han generado frustración y desconfianza entre las comunidades. Esta falta de compromiso por parte del Estado no solo afecta la credibilidad del proceso de paz, sino que también alimenta el resentimiento y la desesperanza, creando un caldo de cultivo para la violencia y la ilegalidad. Los analistas advierten que la persistencia de estas brechas entre lo prometido y lo realizado socava la legitimidad del Estado y favorece el resurgimiento de grupos armados ilegales. La inacción del gobierno central debilita los esfuerzos de las organizaciones sociales y las autoridades locales que trabajan por la construcción de paz en las regiones. En Neiva, la falta de inversión en proyectos productivos y la ausencia de garantías para la seguridad de los líderes sociales han exacerbado la sensación de abandono y la vulnerabilidad de la población. La seguridad, o más bien la persistente inseguridad en muchas regiones del país, se erige como un factor determinante en el debate político nacional. El aumento de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, las masacres, el recrudecimiento del conflicto armado en algunas zonas y la expansión de las economías ilegales demuestran que la paz no es una realidad consolidada en Colombia. La falta de control territorial por parte del Estado y la presencia de grupos armados disidentes y organizaciones criminales generan un clima de temor e incertidumbre que dificulta la consolidación de la paz. Los analistas señalan que la seguridad se ha convertido en un arma política, utilizada por diferentes actores para criticar al gobierno de turno, promover agendas particulares o justificar políticas de mano dura. La securitización del discurso político eclipsa a menudo las causas estructurales de la violencia y obstaculiza la búsqueda de soluciones integrales y sostenibles. Mientras la seguridad siga siendo una promesa incumplida, el proceso de paz estará en riesgo y la polarización política se profundizará. En el contexto local de Neiva, la continua amenaza de grupos armados y la persistencia de la extorsión y el microtráfico obstaculizan el desarrollo económico y social de la región.