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¡Alerta en las aulas! Grupos armados ilegales están infiltrándose en colegios del Valle y Cauca

La tranquilidad de los estudiantes en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca se ve seriamente amenazada. En las últimas horas, se han encendido las alarmas tras confirmarse que integrantes de grupos armados al margen de la ley están ingresando a instituciones educativas rurales y urbanas, buscando captar la atención de los más jóvenes.

De acuerdo con las denuncias recibidas, esta preocupante tendencia se ha hecho evidente en municipios estratégicos como Jamundí, Buenaventura y diversas zonas del norte del Cauca. Según los reportes, los sujetos no solo hacen presencia en los alrededores de los planteles, sino que, en varios casos, han logrado acceder a las instalaciones bajo la fachada de supuestas actividades comunitarias o recreativas.

La comunidad educativa, en medio del fuego cruzado

El gremio de docentes y los padres de familia han manifestado su profunda preocupación ante lo que consideran una estrategia sistemática de reclutamiento forzado y adoctrinamiento. Para las comunidades, el hecho de que personas armadas se paseen por los pasillos donde estudian sus hijos representa una violación flagrante al derecho internacional humanitario y a la protección de los menores.

“No podemos permitir que los colegios se conviertan en zonas de expansión para estos grupos. La escuela debe ser un territorio de paz, blindado de cualquier actor que busque involucrar a nuestros estudiantes en el conflicto”, señaló un representante de las asociaciones de padres en la región, quien pidió reserva de su identidad por seguridad.

¿Qué dicen las autoridades?

Aunque los gobiernos locales han sido notificados, la respuesta institucional sigue siendo el centro del debate. En municipios como Jamundí, la presión de los grupos armados ha aumentado considerablemente, afectando no solo la seguridad física de los alumnos, sino también la continuidad académica debido a las constantes amenazas y restricciones de movilidad.

El llamado urgente de los rectores y líderes sociales es para que el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública intensifiquen los patrullajes preventivos y establezcan rutas de protección efectivas. La meta es clara: evitar a toda costa que la violencia termine arrebatándole el futuro a los niños, niñas y adolescentes de esta zona del suroccidente colombiano.

Por ahora, las autoridades departamentales aseguran que están trabajando en un plan de intervención para reforzar la seguridad en los entornos escolares y frenar la presencia de estos actores ilegales que pretenden adueñarse de los espacios destinados a la educación.

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